Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas

Escuchar

Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley y que, como precisó el Tribunal Constitucional, no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales, sino en leyes específicas.

Desde esta perspectiva, la presente ley recoge una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, financieros, de gestión administrativa y de carácter organizativo, como complemento a la consecución de determinados objetivos de política económica que se contienen en Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2024, en un marco , el del último año, en el que la economía de Castilla y León ha superado el nivel de PIB previo a la pandemia, siendo una de las primeras comunidades de España que ha logrado alcanzar este hito. Sin perjuicio de ello, el contexto económico no está exento de dificultades, riesgos y desafíos, siendo uno de los grandes problemas actuales la inflación, la cual sigue en niveles muy altos siendo notable el impacto sobre los ciudadanos, familias y empresas de Castilla y León.

La Ley de medidas para 2024 supone la modificación parcial de trece textos normativos.

La Ley se estructura en tres títulos, cinco capítulos (dos en el Título I, y tres en el Título III), trece artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el Título I se recogen medidas tributarias.

En materia de tributos propios y cedidos, por un lado se aprueba un nuevo beneficio fiscal en la modalidad del Impuesto sobre actos jurídicos documentados, por actuaciones de agrupación, agregación, segregación y división de parcelas en suelos industriales y terciarios, sitos tanto en el medio rural como en el urbano, con la finalidad de apoyar y potenciar el desarrollo industrial de Castilla y León (se establece una bonificación en la cuota del impuesto del 50 por ciento aplicable en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten ese tipo de actos).

Por otro lado, se introducen mejoras en tres de los beneficios fiscales ya existentes: en primer lugar, con la finalidad de reforzar la política fiscal de Castilla y León favorable a la familia y al medio rural, se modifica la “deducción incrementada en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural” ampliando los potenciales beneficiarios de la deducción incrementada por nacimiento o adopción de hijos en el medio rural a todos aquellos residentes en entidades locales menores cuya población no exceda de 5.000 habitantes y que por pertenecer a municipios de más de 5.000 habitantes no disfrutan de la misma. En segundo lugar, se modifica la “bonificación en la cuota por arrendamiento de fincas rusticas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, con el fin de mejorar la citada bonificación, avanzando en la protección del sector agrario mediante la ampliación de los potenciales beneficiarios a todos los agricultores de la Comunidad, que se encuentren en situación de alta en la Seguridad Social por esta actividad. En tercer lugar, se modifica la “aplicación de las reducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, eliminando cualquier restricción que pudiera existir en la equiparación a los cónyuges de los miembros de las parejas de hecho, con independencia del estado de la UE o del Espacio Económico Europeo en el que éstas últimas se encuentren registradas o documentadas, adaptando el texto refundido al Derecho Comunitario en materia de sucesiones y donaciones.

Finalmente, en materia de tributos propios y cedidos, se incluyen distintas modificaciones de orden técnico para adaptar el texto refundido a los nuevos beneficios fiscales aprobados, a otras novedades legislativas o para clarificar aspectos de su redacción anterior.

Dentro de las medidas tributarias, un segundo bloque se refiere a tasas y precios públicos de la Comunidad. Con carácter general conviene decir que se mantienen congeladas las tasas y precios públicos desde el año 2014, recogiéndose en la ley de medidas de 2024 modificaciones de carácter técnico, así como modificaciones puntuales en determinadas tasas. Se regula la tasa por la participación en pruebas de selección convocadas y gestionadas por la Administración de la Comunidad mediante convenio, para acceder a otras Administraciones públicas y, específicamente, la cuota de la tasa para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de aquellos ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León que se encuentran adheridos al convenio suscrito en fecha 18 de septiembre de 2020 entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias o al convenio que lo sustituya. Se establece una nueva regulación de la tasa por autorizaciones administrativas en materia de industria y de energía, manteniendo sin cambios exclusivamente las autorizaciones en materia de industria y recogiendo nueva regulación de las tasas para las autorizaciones en materia de energía, que recoja la cuantificación de los costes realmente incurridos por la Administración en la prestación de este servicio y que no se cubrían con la anterior cuantía al estar pensada para un hecho imponible diferente. Se establece una nueva regulación de la tasa por autorizaciones administrativas en materia de industria y de energía. Por otro lado, se prevé una exención temporal de la Tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados y se elimina la tasa por inscripción en el Registro General de Cooperativas de Transportistas y Sociedades de Comercialización y la tasa en materia de minas referida al nombramiento de directores Facultativos, por cada unidad de explotación o permiso.

En el Título II se recogen medidas financieras.

En el Título II se recogen medidas financieras, introduciendo diversas modificaciones a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

En el Título III se recogen medidas administrativas.

En el Título III se recogen medidas administrativas. Se trata de medidas organizativas de gestión del personal al servicio de la Comunidad, medidas referidas a subvenciones que condicionan la ejecución presupuestaria, medidas de régimen local referidas a los acotamientos de bienes comunales que tienen una clara incidencia en la recaudación de ingresos y por lo tanto también en el desarrollo de la ejecución presupuestaria, y otras medidas igualmente organizativas como las cuestiones relativas a aspectos competenciales para la aprobación de los planes y proyectos regionales, la regulación del registro de la ley de urbanismo para garantizar la protección de los datos personales, la competencia de la Junta para aprobar directrices, planes y programas vinculantes para todo el sector público de la Comunidad, la regulación de las mesas de contratación permitiendo la sustitución del interventor delegado por funcionario habilitado y la delimitación de la competencia de la Junta para autorizar la constitución de fundaciones constituidas por universidades públicas.

Se recogen tres disposiciones adicionales.

La primera prevé una exención temporal de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados.

La segunda crea la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León.

La tercera disposición adicional tiene por objeto crear el marco legislativo que ampare el desarrollo de políticas de fomento de la Comunidad, ya sea mediante la convocatoria de subvenciones o mediante la regulación de nuevas bonificaciones o beneficios fiscales, para el impulso de medidas de dinamización demográfica, social y económica, en el ámbito de los pequeños municipios de Castilla y Leon.