Ley de Medidas Tributarias de la Comunidad de Castilla y León

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La Comunidad de Castilla y León, al igual que el conjunto del Estado, ha adoptado en los últimos años diferentes medidas tendentes a la consecución de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que deben continuar en 2016.

Las disposiciones de la Ley de medidas tributarias contribuyen al cumplimiento de esos objetivos en esta materia y responden a la necesidad de procurar, mediante normas que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución de los objetivos que han de perseguir los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016.

Los dos capítulos contienen normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden preverse a partir del 1 de enero de 2016 con el objetivo de elevar la renta disponible de los castellanos y leoneses mediante la rebaja fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre otras para las rentas más bajas para las que se establece un tipo del 9.5%.

Se incrementa el importe de la reducción variable de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones desde los 175.000 euros actualmente vigentes a los 250.000 euros con el objeto de mejorar la fiscalidad de las transmisiones de bienes entre familiares cercanos sujetas al Impuesto sobre Sucesiones.

Se suprime el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Por otro lado, se modifica la normativa autonómica en materia de tributos sobre el Juego.

Por último, cabe destacar que se introducen determinadas modificaciones en la legislación de función pública a efectos de garantizar que los funcionarios consoliden el grado inicial desde el primer puesto que ocupen en la Administración, tanto si es provisional como definitivo. En la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, se realizan las oportunas modificaciones en materia de información relativa al cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, para homogeneizar la normativa autonómica con la estatal. La modificación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad pretende facilitar la gestión patrimonial, por un lado, al permitir que sean los propios órganos rectores de las entidades institucionales quienes determine la forma de explotación de los bienes y derechos patrimoniales, que sean de su propiedad, y, por otro, permitir, en términos idénticos a la legislación estatal, el aplazamiento en el pago del precio de venta de los bienes patrimoniales. Finalmente, la Ley del derecho a la vivienda se modifica con el objetivo de flexibilizar los requisitos de tenencia de otra vivienda cuando se accede a una vivienda de protección pública en aquellos casos en los que la distancia entre la vivienda y el lugar del puesto de trabajo dista más de 50 km, eliminándose el requisito de que sea en diferentes provincias ya que existen casos en los que existen más de 50 km entre un punto y otro y sin embargo están dentro de la misma provincia.